El Decreto tiene como finalidad que los derechos de tramitación que deban ser pagados por los administrados para el inicio de los procedimientos administrativos y/o prestación de un servicio en exclusividad ante entidades del Poder Ejecutivo, guarden estrecha vinculación con el costo real del servicio brindado.
El Decreto Legislativo busca establecer un marco claro para la adecuación progresiva de los vertimientos de aguas residuales y los instrumentos de gestión ambiental (IGA) que deben presentar los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.
La Resolución realiza ajustes en la normativa previa, buscando alinear las medidas administrativas y las oportunidades de consulta con los términos contractuales establecidos en los procesos de promoción de inversión privada. Estas modificaciones tienen como objetivo otorgar mayor predictibilidad y coherencia en el desarrollo de las etapas del proceso de consulta previa en el subsector electricidad.
Estas modificaciones -que incluye modificaciones, incorporaciones y eliminación de artículos- del Reglamento pretende simplificar la tramitación para el otorgamiento de derechos de uso de agua, así como la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua.
La Dirección Técnica Minera del Ministerio de Energía y Minas llevó a cabo actividades de campo y gabinete para identificar, actualizar y excluir Pasivos Ambientales Mineros en el inventario.
