Incorporan el delito de adqusición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos

Con fecha 24 de enero de 2026, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo Nro. 1700, mediante el cual se incorpora el delito de adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos en el artículo 12-A de la Ley de delitos informáticos. De esta manera, se tipifica un tipo penal autónomo que sanciona penalmente la posesión, compra, recepción, venta, comercialización, intercambio, facilitamiento o tráfico ilícito de datos informáticos obtenidos sin consentimiento del titular o mediante la vulneración de sistemas de seguridad o por la comisión de un delito informático.

¿Qué se añade a la Ley de delitos informáticos con esta nueva incorporación?

• Mediante este artículo se sanciona a quien posea, compre, reciba, comercialice, venda, facilite, intercambie o trafique datos informáticos, credenciales de acceso o bases de datos personales.
• Asimismo, la norma también contempla su aplicación para aquellos casos en los que el agente, teniendo conocimiento o debiendo presumir que se obtuvo la información sin consentimiento del titular o mediante la vulneración de sistemas de seguridad o mediante la comisión de un delito, posee, compra, recibe o realiza cualquiera de las acciones contempladas en la norma.
• Cabe precisar que, la norma contempla una pena privativa de libertad más severa, no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación, cuando el agente actúa como integrante de una organización criminal, cuando se cause un perjuicio patrimonial grave o una afectación a una pluralidad de personas; o cuando la base de datos es procesada o custodiada por una entidad pública.

¿Existen excepciones a la aplicación de la norma?

Sí. La norma indica expresamente que queda exceptuada de responsabilidad penal la adquisición, posesión, intercambio o tratamiento de datos informáticos cuando estas conductas se realicen con autorización expresa del titular, en cumplimiento de un mandato judicial o administrativo emitido conforme a ley, o en el ejercicio legítimo de derechos fundamentales o de funciones legalmente reconocidas, siempre que no exista la finalidad de aprovechamiento ilícito ni de comercialización indebida de la información.

¿Este cambio normativo fortalece la protección de los datos personales?

Sí. La norma consolida un principio central de la protección de datos personales: el uso legítimo y responsable de la información personal, cuyo núcleo sigue siendo el consentimiento del titular. El enfoque está puesto en la responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del dato: quién lo obtiene, cómo se utiliza, bajo qué controles y con qué autorizaciones. Asimismo, la regulación amplía el alcance de la protección al sancionar no solo a quien obtiene los datos de forma ilícita, sino también a quien los compra, recibe, facilita, intercambia o trafica, incluyendo credenciales de acceso y bases de datos personales.

La norma precisa que no existe responsabilidad penal cuando el tratamiento de datos se realiza con autorización expresa del titular —la persona natural a quien corresponde la información—, autorización que debe ser previa, informada, libre y expresa e inequívoca, conforme a la Ley N°29733 y su Reglamento, o cuando se actúa en cumplimiento de un mandato legal o judicial.

Puede revisar la norma mencionada ingresando al siguiente enlace.

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Luis Gastañeta Alayza, Diego Martin Calmet Mujica, Alfonso Tolas Rojas, Shirley Cárdenas Chamochumbi, María Soledad Gastañeta Gonzáles, María Ximena Schmiel Balarezo, Gianella Cáceres Mercado y Guido Enrique del Castillo Delgado.

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