Modifican la Norma para la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados
A través de la Resolución SBS Nº 02351-2023 publicada el día de hoy, se modificó la Resolución SBS Nº 789-2018, Norma para la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención de LA/FT.
Esta modificatoria divide los rubros construcción e inmobiliaria, del mismo modo, agrega a personas jurídicas que presten servicios jurídicos, legales y contables en el inciso 14, ahora llamadas “personas jurídicas profesionales”, así como su regulación, aplicable a aquellas que realicen en nombre de su cliente o por cuenta de este, de manera habitual, la compra y venta de bienes inmuebles; administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos; organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas; creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.
Asimismo, modifica la Norma para la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú en materia de dichos delitos, trayendo consigo adaptaciones de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1372, el cual regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. Asimismo, precisa sobre el SPLAFT (Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo) de los sujetos obligados ante la UIF-Perú, el procedimiento, etapas y regímenes de la Debida Diligencia, requisitos, designación, remoción y vacancia del Oficial de Cumplimiento y OC Corporativo, conocimiento del Cliente, directores, proveedores, trabajadores y del Beneficiario Final, Registro de Operaciones, entre otras precisiones.
Finalmente, agrega también que, en caso el sujeto obligado registrado pierda dicha condición, deberá comunicarlo mediante la plataforma SISDEL u otro medio electrónico que determine la SBS, en un plazo no mayor de treinta (30) días de ocurrido el hecho o de notificada al sujeto obligado la resolución firme.
Para mayor información sobre el tema tratado contactarse con las abogadas de GSA:
Dra. Shirley Cárdenas, Dra. Ximena Schmiel y Dra. Valeria Arango.
La información contenida en este documento no constituye ni pretende constituir asesoría o asistencia legal directa o indirecta de ninguna especie, ni establece ningún tipo de relación profesional.
Asimismo, tampoco pretende hacer publicidad de los servicios prestados por nuestra firma ni por ninguno de sus abogados. El único propósito es dar información de carácter general respecto de temas que pueden ser de interés para los clientes y amigos de nuestra firma. Este informativo, así como otros informes generales y artículos de interés preparados por los abogados del Estudio, podrán encontrarse en nuestra página web: www.gsalegal.pe
